En nuestro Blog de unos meses atrás, titulado “Retorno a clases 2022” ya nos anticipábamos a una realidad que lamentablemente llegó.
No se requería ser un experto en comportamiento infanto-juvenil para prever que nos enfrentaríamos a un inicio de año complejo, la lejanía de los alumnos con sus pares, profesores y en general de la vida escolar, iban a marcar este retorno a clases 2022.
A la fecha, hemos visto asombrados como a lo largo del país los hechos de violencia al interior de los establecimientos educacionales han marcado la pauta noticiosa, desde agresiones con armas hasta amenazas a través de redes de masacres masivas, un escenario muy alejado de lo que conocíamos hasta hoy.
A propósito de lo anterior es que la nueva administración del Ministerio de Educación ha planteado la opción de reducir la jornada escolar como una suerte de solución a los múltiples hechos de violencia que han ocurrido al interior de las comunidades educativas. En este sentido, dicha medida pareciera ser más bien un parche que una cura definitiva, toda vez que volver a extraer a los alumnos de la realidad de la cual fueron desplazados por tanto tiempo podría ser simplemente contraproducente y no ataca el problema de fondo.
Pareciera más racional reforzar el trabajo socio emocional tanto de alumnos como docentes, capacitar a los miembros de la comunidad educativa respecto a cómo abordar temáticas de solución pacífica de conflictos al interior de los establecimientos, hacer participe a los padres y apoderados en materias de convivencia escolar y obviamente adecuar la normativa interna y los protocolos de actuación de manera tal que sean fácilmente comprensibles y de esta manera efectivos en cuanto a su activación y resultados. Solo de esta manera se podrán abordar de mejor manera los conflictos, imponer medidas pedagógicas tendientes a evitar nuevos hechos no deseables y acompañar emocionalmente a nuestros alumnos en este complejo periodo.
Justamente por aquello es que toma cada vez más fuerza la necesidad de contar con las herramientas idóneas para afrontar esta realidad. Así, las comunidades educativas en la medida que mantenga una organización adecuada, una reglamentación interna que cumpla con las exigencias legales y por sobre todo un conocimiento respecto de estas normas, podrán tener un actuar preventivo, anteponiéndose a situaciones que podrían ocurrir y consecuencialmente mejorando el clima de convivencia escolar.