Vivimos en la actualidad uno de los momentos más significativos desde el punto de vista de nuestra institucionalidad, sometidos a un proceso constituyente que viene a entregarnos un borrador de propuesta de nueva constitución que deberá ser aprobado o rechazo el día 04 de septiembre en un plebiscito especialmente convocado para dichos efectos.
Con ello presente, miramos con especial interés aquellas normas relativas a educación, las cuales vienen a plantear un cambio sustancial respecto a nuestra actual regulación constitucional, estableciendo un extenso articulado, en comparación con nuestra actual carta fundamental, tocando temas tan relevantes como la definición de conceptos básicos en esta materia, determinando cuales son sus fines, los principios que la regirán, la creación del “sistema nacional de educación”, el financiamiento de la educación y la participación de los distintos miembros de comunidades educativas en las definiciones del proyecto educativo, entre otros aspectos.
En el borrador constitucional se pone al centro al estado, indicando que será él quien deberá articular, gestionar y financiar un sistema de educación pública, de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimiento e instituciones estatales de todos los niveles y modalidades educativas. Señalado después que será el Estado quien deberá financiar dicho sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, a través de aportes basales, a fin de cumplir equitativamente con los fines propios de la educación.
Dicha propuesta de texto, que en un principio puede sonar a oídos de los ciudadanos como algo necesario, es a nuestro parecer cuestionable, lo anterior debido a la realidad nacional y al como hoy se componen nuestra matricula educativa. Así es como el 55 % de las familias hoy en Chile eligen para sus hijos colegio o liceo particular subvencionado, en los cuales son los privados, quienes, a través de fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, articulan y ofrecen un proyecto educativo con sus propios fines y principios, obviamente con pleno apego a aquellas regulaciones impuestas por la autoridad en la materia.
¿Qué es lo preocupante? Pues bien, nada se habla de esta posibilidad en el borrador, dejando la educación y su financiamiento en manos de forma exclusiva para aquellos establecimientos estatales, quienes serán regidos por este “sistema nacional de educación” dejando de lado la posibilidad de financiar alumnos (mediante subvención como ocurre hoy) entregando dichos recursos a los establecimientos por medio de aportes basales en la medida que pertenezcan a este sistema estatal. Preocupa que el estado este al centro y no los alumnos, considerando que hemos sido los chilenos quienes en un número muy significativo hemos preferido educar a nuestros hijos en proyectos particulares subvencionados por el estado y no en proyectos estatales.
El dejar fuera esta modalidad de educación va contra la elección voluntaria que miles de familias han realizado, privando de manera indirecta la libertad de elección, generando una oferta única respecto de aquellos que no cuentan con los medios económicos para elegir un proyecto educativo distinto al ofrecido por el estado.
En conclusión, se pone en grave riesgo la existencia de proyectos educativos particulares subvencionados como los conocemos hoy día, conduciéndonos a un sistema único que corre el grave riesgo de ser un retroceso, ya que la educación particular subvencionada ha demostrado en los hechos ser de mejor calidad y la más demandada.